Gobierno abierto: una estrategia para restaurar la confianza institucional

La confianza hacia las instituciones es un tema que nos atraviesa como ciudadanos/as,  un «algo» que, aunque no siempre se formula en voz alta, está presente en la forma en la que nos relacionamos con lo público. Por ejemplo, en cómo votamos —o dejamos de votar—, en lo que esperamos del sistema político-social y de quienes lo representan.

La confianza es ese terreno fértil donde puede crecer algo compartido. Nos permite convivir, organizarnos, creer que tiene sentido participar, opinar, intentar un cambio social. No es ingenuidad,  es una base mínima. Si no confiamos en que las instituciones escuchan, protegen o rinden cuentas, ¿para qué comprometerse? ¿Para qué insistir?

Lo cierto es que, desde hace años, ese suelo común se ha ido resquebrajando. No es nuevo. Corrupción, decisiones que parecen tomadas de espaldas a la ciudadanía, promesas que no se cumplen. Poco a poco, se instala esa sensación —tan conocida— de que “todo está ya decidido”, de que “da igual lo que hagamos”. Y con ella llega el cansancio, la apatía, el distanciamiento.

Entonces, ¿cómo reconstruir ese vínculo? Una de las vías posibles pasa por repensar cómo se diseñan y se abren las instituciones: crear e implementar mecanismos que las saquen de la lógica de la caja cerrada, opaca e inaccesible, para ponerlas a funcionar como lo que deberían ser: herramientas vivas, permeables, al servicio del bien común. Aquí es donde entra en juego un enfoque que quizás no te suene tanto, pero que puede marcar la diferencia: el gobierno abierto.

La Open Government Partnership (OGP) es una iniciativa que reúne a gobiernos y sociedad civil a lo largo de todo el mundo cuyo objetivo es promover reformas concretas en torno a tres principios: transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Surgida en 2011, OGP funciona como un marco normativo voluntario donde los gobiernos se comprometen públicamente a cumplir una serie de acciones (llamadas Planes de Acción), y donde esos compromisos son seguidos, evaluados y discutidos.

Lejos de ser solo una declaración de intenciones, la OGP permite canalizar demandas sociales en un espacio formal y reglado. En lugar de dejar que la presión social se disperse, ofreciendo cauces institucionales para cooperar, exigir y transformar.

¿Qué hace realmente la OGP?

La OGP no impone leyes ni sanciones legales. Pero sí estructura incentivos políticos a través de:

• Un marco para cooperar y comprometerse públicamente.
• Una plataforma para visibilizar avances o incumplimientos.
• Un sistema de incentivos reputacionales, que refuerza la imagen de los países que se comprometen… y deja en evidencia a quienes solo simulan.

Podríamos decir que es una estrategia de gobernanza basada en el “soft power institucional”: el poder de las reglas compartidas, de la vigilancia mutua, y de la presión social estructurada.

En España, por ejemplo, la OGP está detrás de algunas iniciativas concretas como la creación del Foro de Gobierno Abierto, que reúne a representantes públicos y de la sociedad civil para diseñar y evaluar compromisos. También detrás de leyes clave como la Ley de Transparencia de 2013.  Esto ha derivado en la instauración de portales digitales de transparencia mejorados y la participación real y deliberativa de la ciudadanía donde se han realizado foros, encuestas ciudadanas y procesos colaborativos.

En un momento de fatiga democrática, la OGP no es una panacea, pero sí una herramienta institucional potente para abrir ventanas donde otros cierran puertas. Lo que está en juego no es solo mejorar procesos administrativos, sino reconstruir la confianza democrática desde abajo y hacia afuera. Y eso, más que nunca, es urgente.

Y tú, ¿conocías la OGP?